Blog de Ciudadanía Italiana

Cuando la Corte de Casación devuelve la ciudadanía a sus principios, pone fin al "Minor Issue" y desafía los fundamentos de la Ley Tajani

La Ordenanza 147/2026 de la Corte Constitucional italiana marca un punto de inflexión en el debate sobre la nueva legislación sobre ciudadanía. Con la decisión adoptada el pasado 9 de junio y publicada el 23 de julio, la Corte suspendió el procedimiento relativo al pedido de inconstitucionalidad del artículo 3-bis de la Ley 91/1992 y planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El aspecto más relevante del discurso no es la contradicción en sí, sino la estratificación de la italianidad que introduce. La ciudadanía italiana, históricamente basada en el principio del ius sanguinis, ha reconocido durante generaciones un vínculo jurídico independiente de la lengua, la condición económica o el grado de integración cultural. Sin embargo, las palabras del ministro parecen establecer una escala de legitimidad entre ciudadanos formalmente iguales.

La intervención de Corrado Caruso se articula sobre dos planos complementarios. Por un lado, una dimensión humana y garantista, destinada a evitar que los italo-descendientes sean castigados por circunstancias fuera de su control. Por otro, una dimensión institucional y constitucional que invita a la Corte Constitucional a examinar si el Gobierno utilizó legítimamente la decretación de urgencia para llevar a cabo una reforma estructural del régimen de ciudadanía. Es precisamente la combinación de estas dos perspectivas —la protección de las personas y la defensa de las reglas constitucionales— lo que confiere a su alegato una especial fuerza persuasiva. Como en la metáfora de Eurípides, la cuestión de fondo consiste en determinar si el derecho constitucional debe limitarse a contemplar un destino aparentemente consumado o si, como Heracles en Alcestis, puede todavía intervenir para impedir que una pérdida se vuelva definitiva.

Durante la audiencia del 9 de junio sobre las cuestiones de inconstitucionalidad de la llamada "Ley Tajani", remitidas por los tribunales de Mantua y Campobasso, el abogado Marco Mellone lanzó una dura crítica a la Corte Constitucional y defendió los derechos fundamentales de millones de italianos nacidos en el extranjero. Comparto a continuación algunos de los pasajes más significativos de la intervención del abogado Marco Mellone en la audiencia de ayer ante la Corte Constitucional italiana.

La Primera Sección Civil de la Corte Suprema di Cassazione italiana, presidida por la magistrada Maria Acierno, dictó la Ordinanza n.º 13818/2026, una decisión de extraordinaria relevancia jurídica en materia de reconocimiento de ciudadanía italiana iure sanguinis y de tutela jurisdiccional efectiva frente a las disfunciones estructurales del sistema consular italiano. La Corte reafirma, en primer lugar, que el derecho a la ciudadanía italiana constituye un derecho subjetivo absoluto de rango constitucional primario, que nace conjuntamente con su titular, posee carácter permanente e imprescriptible y no depende de concesión administrativa alguna.

La Corte Constitucional reconoce en la sentencia 63/2026 implícita y espontáneamente la existencia de una categoría diferenciada de personas que intentaron ejercer su derecho, pero que no pudieron completar el trámite por causas ajenas a su voluntad, tales como la imposibilidad material de obtener una cita consular, el colapso del sistema “Prenotami”, listas de espera excesivas o la falta de disponibilidad de turnos en los consulados italianos.

La sentencia n.º 63/2026 valida esta normativa y marca un punto de inflexión en el sistema jurídico italiano en materia de ciudadanía por descendencia. En efecto, introduce y consolida el criterio del denominado “vínculo efectivo o genuino” (genuine link), justificando —más en términos políticos que estrictamente jurídicos— las modificaciones legislativas impugnadas.

Apenas 24 horas después de la audiencia, la Corte Constitucional italiana anunció que rechazaba el planteo de inconstitucionalidad presentado por el Tribunal de Turín contra la llamada Ley Tajani, la reforma que cambió radicalmente el sistema de reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia. Según el breve comunicado difundido por el tribunal, las objeciones planteadas por el juez de Turín fueron consideradas en parte “infundadas” y en parte “inadmisibles” Lo que la Corte difundió es apenas un adelanto del resultado. No contiene la motivación jurídica completa de la decisión.En otras palabras: conocemos el final del primer acto, pero todavía no sabemos cómo se llegó a él.

Mientras se aguarda la audiencia del 11 de Marzo y el sucesivo pronunciamiento de la Corte Constitucional acerca de la ilegitimidad constitucional planteada por el Tribunal de Turin de las nuevas disposiciones de la ley Tajani , la mayoría de los órganos jurisdiccionales ha adoptado una posición de cautela procesal, disponiendo la suspensión de los procedimientos hasta tanto el máximo intérprete de la Constitución defina la conformidad o no de la normativa con el ordenamiento constitucional. El Tribunal de Palermo sin embargo ha evidenciado recientemente dos orientaciones decisorias aparentemente divergentes, circunstancia que ha reavivado el debate en torno a la vigencia de los denominados casos de "lista de espera infinita ”, incluso en presencia de una nueva normativa formalmente en vigor

La audiencia relativa al denominado Caso Mantua ha sido oficialmente fijada para el 9 de junio de 2026 ante la Corte Constitucional, configurándose como uno de los episodios más relevantes del actual contencioso constitucional en materia de ciudadanía italiana. La abogada María Stella La Malfa, representante de los peticionantes en este segundo proceso, ha subrayado una distinción esencial entre los asuntos de Turín y Mantua. Aunque ambos comparten un núcleo común —la modificación introducida por el artículo 3 bis y su proyectada aplicación retroactiva—, el proceso de Mantua presenta una ambición jurídica considerablemente más amplia.

La llamada Ley Tajani parece haber entrado definitivamente en su fase terminal. Dos nuevas resoluciones del Tribunal de Campobasso, dictadas casi simultáneamente los días 5 y 6 de febrero, han remitido a la Corte Constitucional italiana nuevos planteamientos de inconstitucionalidad, incrementando de forma notable la presión judicial sobre una normativa que, desde su origen, nació bajo sospecha. Los casos de Campobasso son particularmente significativos porque se trata de acciones iniciadas después de la conversión en la ley 74 del llamado decreto 36 Tajani. Esto otorga a los planteos una pertinencia absoluta: no hay dudas de que la Ley Tajani es la norma aplicable al caso concreto, elemento fundamental en la evaluación de la Corte Constitucional.

La principal novedad introducida por la Ley de Presupuesto para el año 2026 consiste en la ampliación del plazo para presentar la declaración: los padres de los menores nacidos a partir de la entrada en vigor de la ley Tajani —al menos uno de los cuales sea ciudadano italiano por nacimiento— disponen ahora de tres años (y ya no de un año) desde el nacimiento del menor, o desde la fecha posterior en que se establezca la filiación, incluida la adopción, para formular la declaración prevista en el art. 4, inc. 1-bis, letra b), de la Ley n.º 91/1992. Asimismo, dichas declaraciones pasan a ser gratuitas. En consecuencia, ya no resulta exigible la tasa de 250 euros prevista en el artículo 9-bis de la Ley n.º 91/1992.

Actualmente, se estima que existen más de 70.000 procesos de ciudadanía en curso en todo el país, una cifra que evidencia un problema estructural profundo y de larga data. El dato más llamativo es la concentración extraordinaria de causas en pocos tribunales. El Tribunal de Venecia acumula por sí solo alrededor de 30.000 procesos, mientras que el de Brescia registra aproximadamente 6.000. El crecimiento exponencial de los procesos de ciudadanía no es casual. La responsabilidad principal recae en la inercia y el obstruccionismo de los consulados italianos en el exterior, que durante años han acumulado retrasos, listas de espera interminables y una falta sistemática de respuesta administrativa. La presión para acelerar los procesos judiciales se ha intensificado con el PNRR – Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, aprobado durante la pandemia como parte de un programa más amplio de la Unión Europea

El lunes 24 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial el decreto «Identificación de los Estados de destino de flujos significativos de emigración italiana cuyos ciudadanos, si son descendientes de ciudadanos italianos, pueden entrar y permanecer en Italia para trabajar en relación de dependencia fuera de las cuotas previstas en el artículo 3, apartado 4, del D.Lgs. 286/1998». Según el nuevo decreto, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Australia, Canadá, Venezuela y Uruguay son los países desde los cuales los oriundos podrán venir a Italia para trabajar. La paradoja estructural: quienes eran italianos por derecho, ahora deben solicitar ingreso como extranjeros

Un reciente fallo del Tribunal de Verona, emitido el 29 de octubre por la jueza Cristina Pezzini, ha marcado un precedente histórico en materia de inscripción de sentencias de ciudadanía. El municipio de Castagnaro había incumplido la orden de transcribir la ciudadanía italiana de tres brasileños reconocidos “iuris sanguinis” mediante una sentencia del Tribunal de Roma dictada en diciembre de 2023. Ante esta omisión, el tribunal de Verona ordenó la transcripción en un plazo de 15 días, estableciendo una multa de 100 euros por cada día de retraso.

El juez Fabrizio Alessandria, con ordenanza de fecha 25 de junio 2025, ha planteado a la Corte Constitucional la posible incompatibilidad con la Carta Magna del nuevo régimen de ciudadanía. La Ordenanza n.º 167 pone en el centro una idea potente: si el ordenamiento reconoce que el descendiente es ciudadano desde el nacimiento, una norma posterior no puede “borrar” retroactivamente ese estatus sin chocar con principios constitucionales del ordenamiento italiano (razonabilidad, igualdad, confianza), del Derecho de la Unión Europea (proporcionalidad y tutela del estatus UE) y también internacionales (prohibición de privaciones arbitrarias). El valor de este pronunciamiento está en la arquitectura argumental: mediante una argumentación sofisticada con múltiples niveles de análisis , la ordenanza combina el “derecho viviente” nacional (Cass. SS.UU.), doctrina constitucional sobre retroactividad y confianza, y los estándares UE sobre pérdida de la ciudadanía.

Es el Estado quien debe demostrar una interrupción en la transmisión de la ciudadanía. En este caso, el Ministerio del Interior no acreditó que el antepasado hubiera renunciado de manera definitiva a su condición de súbdito. La Corte de Apelación de Génova refuerza este criterio afirmando que, tratándose de un derecho fundamental, no es admisible invertir la carga de la prueba mediante la ficción de una «probatio diabolica». La emigración anterior a la unificación de Italia no implica, por sí sola, la pérdida de ciudadanía.

"... resultan claras las dudas de legitimidad constitucional respecto de la norma impugnada, que introduce una hipótesis de ablación del estatus de ciudadano ya adquirido por una persona nacida en el extranjero de madre italiana. “Se configura una pérdida automática ex tunc de la ciudadanía, o mejor dicho, una especie de revocación implícita, para todos aquellos que, nacidos antes de la entrada en vigor del decreto en cuestión, ya habían adquirido, por su nacimiento de un ciudadano italiano, la titularidad sustancial del status civitatis.” Ordenanza del Tribunal de Mantova - 24 de octubre de 2025

Los procesos judiciales de reconocimiento de la ciudadanía italiana comenzaron con los denominados “casos 1948”, que buscaban corregir la discriminación de género en la transmisión de la ciudadanía. Con el tiempo, esta vía se consolidó como un mecanismo legítimo de defensa frente a la llamada “lista de espera infinita” de los consulados italianos. Actualmente, con la entrada en vigor de la Ley Tajani n.º 74/2025, el debate se amplía hacia posibles cuestiones de inconstitucionalidad de dicha norma, lo que dará lugar a nuevos enfoques jurídicos y argumentos de defensa. Se prevé que, al haberse restringido —y no reorganizado— el canal administrativo, aumente significativamente la judicialización de las solicitudes de ciudadanía italiana.

El 31 de julio fue publicada la sentencia número 142/2025 de la Corte Constitucional italiana, que tuvo como objeto los planteos de inconstitucionalidad presentados por los Tribunales de Bolonia, Roma, Milán y Florencia, dirigidos principalmente contra el artículo 1 de la Ley n.° 91 de 1992, es decir, el sistema legal vigente antes de la actual Ley n.° 74, surgida a partir del polémico Decreto Tajani del 28 de febrero pasado.Aunque la Corte no ha juzgado directamente la Ley n.º 74/2025, sí ha trazado líneas rojas muy claras que ponen en jaque su constitucionalidad futura, ya que los fundamentos sobre los cuales se asienta esta reforma parecen chocar de lleno con los valores fundantes del orden constitucional italiano

Lista completa de documentos requeridos y consejos para obtenerlos eficientemente.