Cuando la Ley se Impone: El Fallo que Obliga a los Municipios a Cumplir la Transcripción sin Demoras Injustificadas
Un reciente fallo del Tribunal de Verona, emitido el 29 de octubre por la jueza Cristina Pezzini, ha marcado un precedente histórico en materia de inscripción de sentencias de ciudadanía. El municipio de Castagnaro había incumplido la orden de transcribir la ciudadanía italiana de tres brasileños reconocidos “iuris sanguinis” mediante una sentencia del Tribunal de Roma dictada en diciembre de 2023. Ante esta omisión, el tribunal de Verona ordenó la transcripción en un plazo de 15 días, estableciendo una multa de 100 euros por cada día de retraso.
Una vez que la sentencia de ciudadanía queda firme, el tribunal la envía al Comune del nacimiento del avo italiano para que se realice la transcripción y se reconozca oficialmente la ciudadanía de los solicitantes.
Aunque el tribunal suele encargarse de este envío, es fundamental que el abogado supervise el cumplimiento dentro del plazo legal de 180 días, ya que la transcripción es un paso esencial y un requisito legal para que los actos del estado civil sean reconocidos por el Estado italiano.
Solo tras este procedimiento es posible solicitar la inscripción en el AIRE y obtener el pasaporte italiano.
La labor recae en el Registro Civil del municipio de nacimiento del antepasado italiano, que debe transcribir tanto la sentencia como los actos vinculados a los solicitantes.
Un reciente fallo del Tribunal de Verona, emitido el 29 de octubre por la jueza Cristina Pezzini, ha marcado un precedente histórico en materia de inscripción de sentencias de ciudadanía.
El municipio de Castagnaro había incumplido la orden de transcribir la ciudadanía italiana de tres brasileños reconocidos “iuris sanguinis” mediante una sentencia del Tribunal de Roma dictada en diciembre de 2023. Ante esta omisión, el tribunal de Verona ordenó la transcripción en un plazo de 15 días, estableciendo una multa de 100 euros por cada día de retraso.
La jueza Pezzini, aplicando el artículo 614 bis del Código de Procedimiento Civil, dispuso que, una vez vencido el plazo, la parte obligada debería abonar 100 euros diarios hasta completar las transcripciones necesarias. A diferencia de un caso anterior en el juzgado de Paola, Calabria, esta vez el tribunal adoptó una medida ejecutiva concreta, obligando al Comune a cumplir una orden emitida en un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Frente a la prolongada inacción del municipio, los abogados recurrieron al artículo 95 del Decreto Presidencial 396/2000, que habilita a los interesados a presentar un recurso cuando un funcionario del estado civil deniega o demora injustificadamente un acto.
De manera sorprendente, el municipio de Castagnaro tampoco se presentó en el juicio y fue declarado en rebeldía, un gesto que evidenció aún más su resistencia. La multa diaria, incorporada al sistema judicial italiano en 2022, jamás se había aplicado en temas de ciudadanía, por lo que este fallo constituye un hito.
No obstante, generó fuertes críticas por parte de varios alcaldes del Véneto, encabezados por Camillo De Pellegrin, quien denunció la falta de estructura municipal ante la creciente demanda. Sin embargo, la excusa del déficit de personal no resulta convincente: Castagnaro opera solo tiempo parcial y Val di Zoldo abre apenas 18 horas semanales. La desidia no se limita a los pequeños municipios, pues incluso en Roma se observa una preocupante indiferencia administrativa.
La gran enseñanza de esta sentencia es clara: la Justicia reacciona cuando un poder público se niega a cumplir con el reconocimiento de un derecho innato, el jus sanguinis, ya confirmado por un juez.
Este fallo abre la puerta a más acciones que exigirán a los municipios respetar los plazos y garantizar que los descendientes italianos obtengan lo que legítimamente les corresponde.
Pablo Munini
Abogado