Italia se queda sin italianos, pero restringe el ius sanguinis: una política que no mira al futuro
En 2025 Italia perdió, por saldo natural, 297.000 habitantes. Antes de 2035 podría perder más de tres millones de personas en edad laboral. En 2050 podría tener 64 mayores por cada cien personas en edad de trabajar. Su población activa podría caer a 21,6 millones y el impacto demográfico podría costarle alrededor del 5% de su PIB potencial. Ésta es la Italia real sobre la que debería construirse una política de ciudadanía y de inmigración. La pregunta, por tanto, no debería ser solamente hasta cuántas generaciones puede transmitirse la ciudadanía italiana. La pregunta mucho más importante es: ¿quién vivirá, trabajará, tendrá hijos, pagará impuestos, cuidará a los mayores y mantendrá vivo este país dentro de veinte o treinta años?
Italia tiene un problema que ya no puede considerarse una amenaza lejana: se está quedando sin niños, sin jóvenes y, progresivamente, sin trabajadores. Sin embargo, precisamente cuando la demografía obliga a pensar cómo ampliar y renovar el capital humano del país, el Gobierno de Giorgia Meloni ha elegido restringir el acceso a la ciudadanía iure sanguinis de los descendientes de italianos en el extranjero.
La contradicción merece ser analizada partiendo de los números.
En 2025 nacieron en Italia apenas 355.000 niños, frente a los 370.000 de 2024: 15.000 menos en solamente un año. En 1964 nacían aproximadamente un millón. El índice de fecundidad ha descendido hasta 1,14 hijos por mujer, muy lejos de los 2,1 necesarios para mantener estable una población.
Pero hay otro indicador igualmente preocupante: cada vez se tienen hijos más tarde. La edad media de las madres ha pasado de 31,6 a 32,7 años en diez años y, según los datos de 2025 citados por Istat, alcanza los 33,4 años entre las italianas, frente a los 31,4 entre las extranjeras.
Más de 2,8 millones de italianos señalan las dificultades económicas y laborales como el principal obstáculo para convertirse en padres.
La maternidad sigue teniendo un precio
Alrededor del 38% de las nuevas madres no tiene una ocupación en el momento del parto. Una trabajadora de cada cinco abandona su empleo después del nacimiento del primer hijo.
Casi una mujer de cada dos, el 49,9%, teme consecuencias negativas para su carrera si tiene un hijo.
Es la denominada child penalty: la maternidad continúa teniendo un coste profesional que la paternidad no tiene en la misma medida.
Otro dato explica perfectamente la dimensión del problema. Los hombres inactivos por razones familiares son aproximadamente 151.000. Las mujeres superan los tres millones: una diferencia de aproximadamente uno a veinte.
Por tanto, la denatalidad italiana no puede explicarse exclusivamente mediante cambios culturales o decisiones individuales. Existe una combinación de precariedad laboral, problemas de acceso a la vivienda, bajos salarios, insuficiencia de servicios y desigualdad que empuja a muchas parejas a aplazar el primer hijo hasta que, en algunos casos, el aplazamiento termina convirtiéndose en renuncia.
Cada año desaparece una ciudad como Catania
Las consecuencias ya pueden verse.
En 2025 Italia registró 355.000 nacimientos y 652.000 muertes. La diferencia representa un saldo natural negativo de aproximadamente 297.000 personas.
Es como si en solamente doce meses desapareciera del mapa una ciudad del tamaño de Catania. Y el fenómeno se repite año tras año.
Tres millones menos de personas en edad laboral antes de 2035
Después viene el impacto económico.
Las proyecciones indican que Italia podría perder más de tres millones de personas entre 15 y 64 años antes de 2035.
Para 2050, la población italiana en edad laboral podría pasar de 37,2 millones a menos de 30 millones: aproximadamente un 21% menos.
Incluso aumentando la participación laboral de mujeres y personas de mayor edad, la población activa podría disminuir de 24,8 a 21,6 millones, es decir, 3,2 millones de trabajadores potenciales menos.
Y esto tiene consecuencias directas sobre la riqueza del país. Según las estimaciones de Bankitalia citadas en los análisis sobre la crisis demográfica, el descenso poblacional podría reducir alrededor de un 5% el PIB potencial.
Menos trabajadores significan menos producción, dificultades crecientes para las empresas que buscan personal, menos contribuyentes y una base económica más pequeña para financiar el Estado social.
De 38 a 64 mayores por cada cien personas en edad laboral
Aquí aparece quizá la contradicción más peligrosa.
Italia es uno de los países más longevos del mundo: la esperanza de vida alcanza aproximadamente 83,4 años. Es una extraordinaria conquista social. Pero una sociedad puede sostener una población longeva solamente si conserva una base suficiente de trabajadores.
Hoy los mayores de 65 años representan aproximadamente el 24,3% de la población. En 2050 podrían alcanzar el 34,6%. Mientras tanto, la población entre 15 y 64 años caería del 63,5% al 54,3%.
En términos todavía más claros: Italia pasaría de aproximadamente 38 mayores por cada cien personas en edad laboral a 64.
El sistema de pensiones italiano funciona principalmente mediante las cotizaciones de los trabajadores actuales, que financian las pensiones actuales. Por eso la demografía no es una cuestión abstracta: menos trabajadores y más pensionistas significan una presión creciente sobre las pensiones, la sanidad, la asistencia y las cuentas públicas.
Y existe otra paradoja. Una sociedad envejecida exige más cuidados familiares, precisamente cuando esos cuidados ya recaen desproporcionadamente sobre las mujeres. Según los datos citados, 763.000 personas renuncian a proyectos de fecundidad también por responsabilidades asistenciales. Entre quienes no desean tener hijos, el 11,5% señala el cuidado de los padres como una de las razones; entre los 35 y 44 años, la proporción llega al 12%.
La generación que debería tener hijos termina ocupándose de la generación que envejece.
¿Y ante todo esto Italia restringe el ius sanguinis?
Es en este contexto donde la reciente restricción de la ciudadanía por descendencia promovida por el Gobierno Meloni resulta difícil de comprender como estrategia a largo plazo.
Italia posee algo que muchos países europeos no tienen: una gigantesca diáspora formada durante más de un siglo de emigración.
Millones de personas en Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, Australia, Venezuela y otros países descienden de italianos. Entre ellas hay personas que hablan italiano, mantienen relaciones familiares con Italia, estudian su cultura, visitan el país, invierten en él o estarían dispuestas a estudiar, trabajar, emprender y formar aquí una familia.
Evidentemente, no todos los descendientes de italianos quieren vivir en Italia. Y conceder una ciudadanía no crea automáticamente un nuevo trabajador o un nuevo habitante. Fortalecer la comunidad italiana en el exterior significa también fortalecer la economía nacional, manteniendo una población que se siente italiana, que da prioridad y fomenta la industria y la cultura italianas y que, ante el avance de otras culturas y países, puede contribuir a que Italia recupere terreno.
Pero precisamente por eso una política moderna debería hacer algo mucho más inteligente que simplemente cerrar la puerta: transformar la ciudadanía y la diáspora en instrumentos de conexión y desarrollo interno e internacional de Italia.
Lo que resulta difícil de justificar es considerar a toda esa comunidad mundial principalmente como un problema administrativo, como «extranjeros» que pueden modificar con su voto la «voluntad popular» de los residentes, cuando precisamente lo que Italia necesita es atraer personas.
Italia necesitará natalidad, mujeres, inmigración y diáspora
El propio gobernador de Bankitalia, Fabio Panetta, ha advertido que Italia podría perder más de siete millones de personas en edad laboral para 2050.
Italia necesitará aumentar la participación laboral femenina y juvenil. Necesitará mejores salarios, vivienda accesible, guarderías, políticas familiares estables y una distribución más igualitaria de los cuidados para permitir que quienes desean tener hijos puedan hacerlo.
Necesitará productividad, inversiones y tecnología.
Pero necesitará también inmigración regular, como ha señalado el propio Panetta.
Y resulta lógico añadir otro elemento: una política inteligente hacia los millones de descendientes de italianos repartidos por el mundo.
No se trata de sostener que un argentino, brasileño o estadounidense con un antepasado italiano vaya a solucionar la denatalidad. Sería absurdo.
Se trata de comprender que un país que pierde población necesita atraer, integrar y conservar capital humano, no reducir preventivamente todas las vías de entrada.
En 2025 Italia perdió, por saldo natural, 297.000 habitantes. Antes de 2035 podría perder más de tres millones de personas en edad laboral. En 2050 podría tener 64 mayores por cada cien personas en edad de trabajar. Su población activa podría caer a 21,6 millones y el impacto demográfico podría costarle alrededor del 5% de su PIB potencial.
Ésta es la Italia real sobre la que debería construirse una política de ciudadanía y de inmigración.
La pregunta, por tanto, no debería ser solamente hasta cuántas generaciones puede transmitirse la ciudadanía italiana.
La pregunta mucho más importante es: ¿quién vivirá, trabajará, tendrá hijos, pagará impuestos, cuidará a los mayores y mantendrá vivo este país dentro de veinte o treinta años?
Mientras las cifras describen un país que se vacía y envejece, una política de ciudadanía e inmigración basada principalmente en restringir parece mirar más a la defensa del pasado que a la construcción del futuro.
Y el verdadero desafío italiano ya no es proteger una fotografía de lo que Italia fue.
Pablo Munini