La justicia italiana ante la urgencia del PNRR . La situación de los procesos judiciales de ciudadanía.
Actualmente, se estima que existen más de 70.000 procesos de ciudadanía en curso en todo el país, una cifra que evidencia un problema estructural profundo y de larga data. El dato más llamativo es la concentración extraordinaria de causas en pocos tribunales. El Tribunal de Venecia acumula por sí solo alrededor de 30.000 procesos, mientras que el de Brescia registra aproximadamente 6.000. El crecimiento exponencial de los procesos de ciudadanía no es casual. La responsabilidad principal recae en la inercia y el obstruccionismo de los consulados italianos en el exterior, que durante años han acumulado retrasos, listas de espera interminables y una falta sistemática de respuesta administrativa. La presión para acelerar los procesos judiciales se ha intensificado con el PNRR – Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, aprobado durante la pandemia como parte de un programa más amplio de la Unión Europea
La justicia italiana ante la urgencia del PNRR . La situación de los procesos judiciales de ciudadanía.
Actualmente, se estima que existen más de 70.000 procesos de ciudadanía en curso en todo el país, una cifra que evidencia un problema estructural profundo y de larga data.
El dato más llamativo es la concentración extraordinaria de causas en pocos tribunales. El Tribunal de Venecia acumula por sí solo alrededor de 30.000 procesos, mientras que el de Brescia registra aproximadamente 6.000. En conjunto, estos dos tribunales representan cerca de la mitad de todos los procesos de ciudadanía en Italia. Les siguen otros tribunales importantes —como Catanzaro, Roma, Bolonia, Florencia, Nápoles, Salerno, Palermo o Bari— pero ninguno alcanza cifras comparables.
La anomalía de Venecia y el error del legislador
El caso del Tribunal de Venecia es considerado una verdadera anomalía. La razón no radica en su funcionamiento interno, sino en una reforma de la competencia territorial mal diseñada, que no previó que un solo tribunal pudiera verse sobrecargado con semejante volumen de causas. El resultado fue una concentración excesiva que hoy dificulta la gestión eficiente de los procesos.
En contraste, en la mayoría de los otros tribunales italianos la situación es relativamente razonable. Por ejemplo, el Tribunal de Brescia prevé finalizar todos los procesos pendientes en menos de un año, gracias a una mejor distribución de las causas y al refuerzo de los “giudici applicati”,que se explicarán más abajo. En al menos otros 25 tribunales no se registra una emergencia comparable.
Las verdaderas causas del aumento de los litigios
El crecimiento exponencial de los procesos de ciudadanía no es casual. La responsabilidad principal recae en la inercia y el obstruccionismo de los consulados italianos en el exterior, que durante años han acumulado retrasos, listas de espera interminables y una falta sistemática de respuesta administrativa.
Los demandantes —descendientes de italianos— no buscan privilegios, sino simplemente la tutela de los derechos subjetivos vulnerados por la propia administración pública, el reconocimiento de la ciudadanía que el Estado por negligencia ha omitido. Si los procedimientos consulares hubieran funcionado correctamente hace diez o veinte años, gran parte de estos procesos judiciales jamás habría existido. El ejemplo emblemático es el llamado “proceso contra la espera infinita en el consulado ” es el resultado directo de una disfunción administrativa estructural.
El PNRR y la obligación de acelerar la justicia
La presión para acelerar los procesos judiciales se ha intensificado con el PNRR – Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, aprobado durante la pandemia como parte de un programa más amplio de la Unión Europea. Este plan destina miles de millones de euros a Italia con el objetivo de relanzar la economía, modernizar el Estado y, sobre todo, digitalizar la administración pública.
En el ámbito de la justicia, el PNRR impone objetivos muy concretos:
- Reducir en un 40 % la duración de los procesos civiles y en un 25 % la de los procesos penales, tomando como referencia el año 2019.
- Eliminar el 90 % del atraso judicial correspondiente a los procesos iniciados entre 2017 y 2022 antes del 30 de junio de 2026.
El acceso a los fondos europeos depende directamente del cumplimiento de estos objetivos.
Medidas extraordinarias y jueces “aplicados”
Para responder a estas exigencias, el Gobierno italiano aprobó el 4 de agosto de 2025 un decreto ley extraordinario. La medida prevé la participación de hasta 500 magistrados voluntarios, los llamados “giudici applicati”, que prestan apoyo en modo” remoto” a los tribunales más congestionados.
Cada juez se debe comprometer a resolver al menos 50 procesos adicionales en nueve meses, recibiendo a cambio un incentivo económico de unos 10.000 euros netos, que puede duplicarse en caso de un segundo bloque completado. Se trata de un sistema excepcional, definido por algunos como una justicia “a destajo”, pero considerado necesario para cumplir los plazos del PNRR.
En tribunales como Brescia, Ancona, Salerno, Nápoles o L’Aquila, esta medida ya está dando resultados concretos en materia de juicios de ciudadanía. En Venecia, en cambio, el impacto es limitado: unos 200 procesos de ciudadanía reasignados a los “giudici applicati”, representan apenas una gota en el océano frente a los más de 30.000 pendientes.
La realidad del proceso judicial de ciudadanía. Más rápidos, pero también más complejos
Si bien los procesos se están acelerando —gracias también a herramientas como el artículo 127-ter del Código de Procedimiento Civil, introducido por la Reforma Cartabia, que permite sustituir audiencias por escritos—, la realidad es que los procesos de ciudadanía se han vuelto mucho más complejos.
Antes se concentraban en un solo tribunal; hoy intervienen hasta 26 tribunales distintos, con una participación mucho más activa de la “Avvocatura dello Stato “ ( representación del Estado y de las administraciones públicas italianas en litigios judiciales) , más excepciones procesales y mayores niveles de litigiosidad.
Paradójicamente, un proceso de ciudadanía puede resultar hoy más complejo que un proceso laboral, familiar o incluso de desahucio.
A ello se suma una contradicción evidente: mientras el PNRR apuesta fuertemente por la digitalización, la legislación que prevé la centralización de los procesos administrativos de ciudadanía en Roma a partir de 2028 sigue exigiendo el envío de documentos en papel, en abierta contradicción con los objetivos de modernización administrativa.
Una carrera contra el tiempo
Los últimos datos oficiales muestran que, a finales del año pasado, la reducción de la duración de los procesos civiles se situaba en apenas un 20,1 %, exactamente la mitad del objetivo exigido. Esto convierte los próximos meses en una auténtica carrera contra el tiempo para el sistema judicial italiano.
La justicia se acelera, sí, pero lo hace en un contexto de creciente complejidad, tensiones institucionales y fuertes presiones europeas.
El desafío no es solo cumplir con los números del PNRR, sino reconstruir un sistema capaz de garantizar derechos de forma eficiente, moderna y coherente antes.
Pablo Munini
Abogado