Sentencia n.º 13818/2026 de la Corte Suprema di Cassazione italiana: ciudadanía como derecho subjetivo absoluto originario e interés para accionar frente a impedimentos, dificultades o demoras de la Administración
La Primera Sección Civil de la Corte Suprema di Cassazione italiana, presidida por la magistrada Maria Acierno, dictó la Ordinanza n.º 13818/2026, una decisión de extraordinaria relevancia jurídica en materia de reconocimiento de ciudadanía italiana iure sanguinis y de tutela jurisdiccional efectiva frente a las disfunciones estructurales del sistema consular italiano. La Corte reafirma, en primer lugar, que el derecho a la ciudadanía italiana constituye un derecho subjetivo absoluto de rango constitucional primario, que nace conjuntamente con su titular, posee carácter permanente e imprescriptible y no depende de concesión administrativa alguna.
La Primera Sección Civil de la Corte Suprema di Cassazione italiana, presidida por la magistrada Maria Acierno, dictó la Ordinanza n.º 13818/2026, una decisión de extraordinaria relevancia jurídica en materia de reconocimiento de ciudadanía italiana iure sanguinis y de tutela jurisdiccional efectiva frente a las disfunciones estructurales del sistema consular italiano.
El caso sometido al conocimiento de la Corte involucraba a un grupo de descendientes de un ciudadano italiano emigrado a Colombia, quienes intentaron reiteradamente obtener una cita ante la Embajada de Italia en Bogotá con el objeto de presentar su solicitud de reconocimiento de ciudadanía italiana. Sin embargo, el sistema de reservas consulares se encontraba sustancialmente paralizado: no existían turnos disponibles y el mecanismo administrativo permanecía bloqueado de manera indefinida.
Frente a la imposibilidad material de acceder al procedimiento administrativo, los solicitantes promovieron directamente una acción judicial ante los tribunales italianos. En primera instancia, el tribunal reconoció su derecho y declaró la ciudadanía italiana de los demandantes. No obstante, la decisión fue posteriormente revocada por la Corte de Apelaciones, que rechazó la demanda por presunta falta de legitimación procesal, argumentando que los actores no habían presentado previamente una solicitud administrativa formal ante la autoridad consular competente.
La Corte Suprema di Cassazione revocó dicha decisión.
La respuesta de la Corte de Casación —al menos en el plano estrictamente procesal— resulta particularmente clara y categórica: el propio sistema administrativo no puede invocar sus propias disfunciones estructurales para impedir el ejercicio de un derecho fundamental por parte de aquellos a quienes el ordenamiento jurídico debía garantizar tutela efectiva.
Este principio, aun cuando haya sido formulado dentro de un determinado contexto normativo anterior a las reformas recientes, constituye una posición jurídica razonada emanada del máximo órgano jurisdiccional civil italiano. Su valor interpretativo no desaparece por efecto de modificaciones legislativas posteriores, sino que permanece como criterio hermenéutico de referencia, como argumento jurídico y como contrapeso frente a interpretaciones excesivamente restrictivas.
La sentencia contiene afirmaciones de notable densidad constitucional y sistemática, algunas de las cuales merecen ser reproducidas íntegramente.
La Corte reafirma, en primer lugar, que el derecho a la ciudadanía italiana constituye un derecho subjetivo absoluto de rango constitucional primario, que nace conjuntamente con su titular, posee carácter permanente e imprescriptible y no depende de concesión administrativa alguna:
“Como ya se ha señalado, el derecho a la ciudadanía es un derecho subjetivo absoluto de elevado rango constitucional, que nace junto con su titular y tiene carácter permanente (además de imprescriptible), de modo que la falta de reconocimiento, o incluso el mero retraso en el reconocimiento de dicho derecho por parte de la Administración competente, constituye un perjuicio para el titular que, aun siendo ciudadano italiano, no puede gozar de dicho status ni de los derechos y prerrogativas conexas en sus relaciones con terceros y con el propio ordenamiento jurídico.”
La Corte formula luego uno de los principios más relevantes de toda la decisión:
“En materia de acción declarativa del status de ciudadano italiano, existe interés para accionar no solamente en caso de denegación o retraso en el reconocimiento de dicho status, sino también cuando se verifiquen impedimentos, dificultades o demoras que ni siquiera permitan la presentación de la correspondiente solicitud ante la Administración competente, ya que tal situación genera incertidumbre respecto del status y de los derechos y prerrogativas conexos de su titular.”
Este pasaje reviste una importancia jurídica extraordinaria, puesto que reconoce expresamente que el interés procesal existe incluso cuando el solicitante jamás pudo formalizar administrativamente su petición debido a obstáculos estructurales del propio aparato estatal.
La Corte también introduce una distinción fundamental entre los procedimientos de reconocimiento de ciudadanía iure sanguinis y aquellos supuestos en los cuales la ciudadanía italiana es adquirida por concesión estatal, como ocurre en los casos de naturalización o residencia conforme al artículo 9 de la Ley n.º 91/1992.
En tal sentido, la sentencia afirma:
“Debe observarse preliminarmente que, en el presente caso, los recurrentes alegaron ser ya ciudadanos italianos iure sanguinis por efecto de la descendencia de un ciudadano italiano emigrado a Colombia, solicitando por lo tanto el reconocimiento de su status por parte de la Administración; situación jurídica completamente distinta de aquellas hipótesis en las cuales se requiere la adquisición o concesión de la ciudadanía italiana mediante un acto administrativo de carácter constitutivo.”
La consecuencia jurídica de esta afirmación resulta decisiva: en los procedimientos de ciudadanía iure sanguinis, la Administración no crea el derecho, sino que únicamente verifica y reconoce una situación jurídica preexistente.
Por ello, la Corte precisa:
“La autoridad administrativa está llamada a ejercer una función meramente declarativa y de constatación, orientada al reconocimiento de un derecho subjetivo absoluto de primaria relevancia constitucional, existente desde el nacimiento de su titular y dotado de naturaleza permanente e imprescriptible.”
Un punto de inflexión jurisprudencial a la luz de la Sentencia 63/2026 de la Corte Constitucional
La importancia sistémica de esta decisión se vuelve aún más evidente si se la analiza conjuntamente con la reciente Sentencia n.º 63/2026 de la Corte Constitucional italiana.
La Corte Suprema di Cassazione parece abrir un camino interpretativo particularmente relevante —a la espera de una futura intervención de las Sezioni Unite sobre cuestiones estructurales vinculadas a la Ley 74/2025— y establece una suerte de dialéctica parcial con la orientación más restrictiva adoptada por la Corte Constitucional en determinados aspectos.
Debe comprenderse un aspecto institucional de fundamental importancia: en el sistema jurídico italiano, las funciones que en la Corte Suprema de los Estados Unidos y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se concentran en un único órgano, se encuentran separadas entre la Corte Suprema di Cassazione y la Corte Costituzionale.
Debe recordarse aquí un principio cardinal del ordenamiento jurídico italiano: la Corte Constitucional no determina de manera directa cómo debe interpretarse el derecho ordinario, función que corresponde al juez ordinario, el cual se encuentra vinculado por la función nomofiláctica de la Corte Suprema di Cassazione.
El juez ordinario no se encuentra formalmente sometido a un sistema de precedente vinculante; sin embargo, la interpretación del derecho ordinario se desarrolla bajo la función nomofiláctica ejercida por la Corte Suprema di Cassazione, cuya jurisprudencia constituye un criterio de referencia de particular autoridad y relevancia sistemática, especialmente cuando intervienen las Sezioni Unite o cuando la cuestión involucra derechos fundamentales y materias constitucionalmente sensibles.
La función nomofiláctica —del griego nomos (ley) y phylax (guardián)— constituye la función propia de los tribunales de última instancia, orientada a garantizar la uniforme interpretación y exacta aplicación de la ley (ius constitutionis), asegurando la coherencia del ordenamiento jurídico, la igualdad de los ciudadanos ante la justicia y la certeza del derecho.
Mediante dicha función, la jurisprudencia de la Corte Suprema orienta la interpretación del derecho ordinario y favorece la formación de criterios jurisprudenciales estables y uniformes, evitando divergencias interpretativas entre los distintos órganos jurisdiccionales.
En consecuencia, la decisión de la que hablamos en este artículo proporciona desde ahora un precedente jurisprudencial inmediatamente utilizable en las futuras audiencias ante Tribunales y Cortes de Apelación, particularmente en aquellos casos caracterizados por la parálisis consular y en todos los procesos en los cuales la Avvocatura dello Stato cuestione la legitimación o el interés para accionar de los solicitantes.
La relevancia práctica de esta sentencia radica precisamente en haber afirmado que el Estado italiano no puede beneficiarse jurídicamente de sus propias ineficiencias administrativas para impedir el ejercicio de un derecho constitucionalmente protegido.
En otras palabras, la imposibilidad material de acceder al sistema consular no puede transformarse en un mecanismo indirecto de negación del derecho al reconocimiento de la ciudadanía italiana.
Pablo Munini
Abogado